jueves, 8 de noviembre de 2012

Los `pelotazos´ de los sobrinos del Rey y los pisos en Las Tablas, Sanchinarro y Montecarmelo

Los hermanos Bruno y Marcos Gómez Acebo, sobrinos del Rey D. Juan Carlos, acuden hoy a los Juzgados de Plaza de Castilla acusados por un presunto `pelotazo´ inmobiliario en la venta de un chalet propiedad del Jefe del Estado por 2,7 millones de euros, según informa esta misma mañana el periódico en Internet El Confidencial. La vivienda fue adquirida en 2002 por la cooperativa CPV (Comercializadora Peninsular de Viviendas), cuyos promotores cumplen condena en la prisión madrileña de Soto del Real por varios delitos de estafa con pisos en los barrios de Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro que nunca llegaron a construirse. Al parecer, la adquisición de la propiedad por parte de CPV perseguía dar una imagen de credibilidad y solvencia a sus operaciones inmobiliarias, que afectaron a más de 1.200 familias madrileñas. La comisión cobrada por los sobrinos del Rey fue de 1,5 millones de euros, es decir, el 55% de la cuantía total de la operación de compraventa (2,7 millones de euros).


Según informa el diario El Confidencial en Internet, la mansión, que el padre del monarca, Don Juan de Borbón, había dejado en herencia a sus tres hijos, fue adquirida en 2002 por CPV, una cooperativa en quiebra e intervenida judicialmente. Los dos sobrinos del Rey, que hicieron de intermediarios en la operación inmobiliaria, habrían cobrado una comisión de 1,5 millones de euros.
Los síndicos de la quiebra, encargados de recuperar los casi 30 millones de euros estafados por CPV para repartirlos entre los acreedores de la sociedad, reclamaron a Bruno Gomez Acebo, sobrino del Rey, y Marcos Gomez Acebo, sobrino de la infanta Pilar, que devolviesen los 1,5 millones de euros cobrados en concepto de comisión y pasaran a engrosar la lista de acreedores. Ante la negativa de éstos a reintegrar esa cantidad, los síndicos presentaron una demanda de retroacción contra los sobrinos de Don Juan Carlos, que se sentarán hoy en el banquillo del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid.
El chalé Villa Giralda, fue vendido en febrero de 2002 por el Rey y sus hermanas a CPV por 2,7 millones de euros, que se repartieron entre los tres a partes iguales. El chalé, enclavado en la exclusiva urbanización madrileña Puerta de Hierro y hoy demolido, ocupaba una parcela de más de 4.200 metros cuadrados, y se componía de dos plantas, semisótano y casa de servicio. 
La escritura de compraventa fue firmada, en representación de Don Juan Carlos y sus hermanas, por José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao y asesor legal del monarca, a quien los tres hermanos Borbón habían otorgado en 2001 los correspondientes poderes notariales. El conde de Fontao adquirió notoriedad pública este mismo año, cuando El Confidencial reveló que estaba desempeñando un papel de intermediación clave en el caso Urdangarín entre el Rey y su yerno, imputado por corrupción y a punto de sentarse también en el banquillo.
Una comisión del 55 por ciento
​Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguran que la comisión cobrada por los sobrinos del Rey fue "desorbitada", ya que ambos se embolsaron 1,5 millones de euros por una operación de compraventa de 2,7 millones. Es decir, más de un 55% sobre el monto global, cuando lo habitual en estos casos es que la comisión de los intermediarios no supere el 5%. En total, la promotora CPV desembolsó 4,2 millones de euros al monarca y sus familiares. "Para enmascarar la estafa, los promotores trataron de dar una imagen de seriedad y solvencia al adquirir Villa Giralda. Si el Rey vendía su casa a CPV, las familias estafadas pensarían que invertían sus ahorros en una operación fiable", añaden las mismas fuentes. Los afectados habían pagado una media de 500.000 pesetas -3.000 euros- en concepto de señal y un millón más de entrada -6.000 euros- por unas viviendas en los barrios de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo, en la zona norte de Madrid, que jamás llegaron a construirse.

 

Más información en: El Confidencial

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