jueves, 16 de mayo de 2013

El Ayuntamiento cumple su calendario para legalizar los desarrollos urbanísticos anulados por el Tribunal Supremo

El Ayuntamiento de Madrid ha dado hoy un nuevo paso para adaptar los planes generales de urbanismo de 1985 y 1997 a las directrices marcadas por una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre del año pasado. La Junta de Gobierno considera que la aprobación provisional de la revisión parcial del PGOU de 1985 y la modificación del PGOU de 1997 garantizará “la seguridad jurídica” de los 21 desarrollos urbanísticos, entre ellos el de Arroyofresno, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, afectados por la sentencia, y que a juicio del consistorio fueron “anulados debido a un requisito formal”. 29 alegaciones por parte de ciudadanos e instituciones. En rueda de prensa, el concejal Enrique Núñez, portavoz del Ayuntamiento, ha reconocido que por el momento se han presentado 29 alegaciones por parte de particulares e instituciones.
Enrique Núñez, portavoz del Ayuntamiento, durante la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. /AdM

Según informa el Ayuntamiento, a partir de la aprobación inicial se abre ahora un nuevo plazo de información pública hasta el 9 de julio. Dentro de este periodo se solicitarán los informes preceptivos a todos los órganos y entidades públicas previstos legalmente. Una vez valoradas las alegaciones y los informes sectoriales, será aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento y se remitirá a la Comunidad de Madrid para su conformidad definitiva. La previsión es que aparezca publicado en el BOCM del próximo mes de agosto.

El documento aprobado hoy incorpora dos “novedades importantes” exigidas por la legislación estatal vigente: un Informe de Sostenibilidad Ambiental y otro de Sostenibilidad Económica.

El de Sostenibilidad Ambiental responde “al defecto señalado por el Tribunal Supremo y que motivó la declaración de nulidad de parte de los 21 ámbitos afectados. Así, “justifica qué suelos, de los clasificados como no urbanizables protegidos en 1985, mantienen valores y por lo tanto deben seguir contando con esta clasificación de no urbanizables protegidos”. Además, “determina qué suelos carecen de valor, por lo que pueden mantener la clasificación de urbano o urbanizable que les dio el Plan General de 1997”, incorporando “las medidas correctoras que deben tener cada uno de estos suelos”. Según el Ayuntamiento, para llegar a estas decisiones, el informe incorpora “estudios sobre la calidad de los suelos, su vegetación, calidad acústica, generación y gestión de residuos, contaminación electromagnética y lumínica, edafología vegetal, valores geológicos, vías pecuarias, cauces y arroyos, y servidumbres aeronáuticas, entre otros”.

Por su parte, el informe de Sostenibilidad Económica analiza los gastos e ingresos que se van a producir durante el desarrollo de los ámbitos, así como  el coste de su mantenimiento posterior para las arcas municipales. Según el consistorio, el informe demuestra  “la sostenibilidad económica de los desarrollos, ya que las arcas municipales tendrán un superávit estimado de 376 millones de euros, y su mantenimiento y conservación, una vez recepcionados, un superávit estimado de 87 millones de euros”. Además, “se generarán 1.547.000 empleos directos de 365 días cada uno, y una vez desarrollados los ámbitos se producirá una oferta de empleo superior a 200.000 puestos de trabajo”.

Alegaciones
 
En la rueda de prensa celebrada esta mañana tras la Junta de Gobierno, el concejal y portavoz Enrique Núñez ha reconocido que hasta ahora se han presentado 29 alegaciones por parte de ciudadanos particulares e instituciones. Aunque Núñez no mencionó ni el contenido ni la identidad, entre las estas estarían las presentadas por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción, que el pasado mes de marzo reclamaron a través de un comunicado conjunto la “interrupción y retirada” del proceso de revisión y modificación de los planes generales urbanísticos afectados. Según ambas organizaciones, el Ayuntamiento “pretende volver a legalizar todo lo declarado nulo por el Tribunal Supremo”. Para ambas organizaciones, la interpretación que ha hecho el Ayuntamiento de la sentencia es “errónea” y recuerdan que el Supremo “señala la imposibilidad de reclasificar como urbanizable los suelos no urbanizables protegidos si no se acredita que éstos hayan perdido los valores naturales por los que en su día fueron protegidos”. “De seguir adelante con su política de hechos consumados y de huida hacia delante -señalaban en su comunicado- el Ayuntamiento podría ocasionar aún más perjuicios a los actuales y posibles futuros afectados, agravando el problema social generado”.

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