jueves, 23 de mayo de 2013

El jefe de Licencias de la Junta Municipal de Fuencarral, entre los imputados en el caso de la Finca La Muñoza

(Información ampliada el viernes 24-5-13 a las 14,42h.)

El Jefe de Sección de Licencias y Adjunto Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Distrito de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Mora Hipólito, continúa imputado, junto a otros ocho funcionarios del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en el caso de la Finca La Muñoza. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la licencia municipal otorgada a la Fundación Carmen Pardo-Valcarce para la celebración de eventos de diversa índole, como bodas, en un espacio protegido. La Junta Municipal del distrito de Fuencarral hizo caso omiso a las denuncias presentadas por un vecino y archivó o no tramitó 29 actas de la Policía Municipal y 52 inspecciones. Ante las dudas que ha suscitado esta información, el departamento Jurídico de Ecologistas en Acción subraya a Las Tablas Digital que "cuando prestas declaración como imputado, mantienes esa condición mientras no se acuerde el sobreseimiento libre o provisional de las actuaciones”.
Ignacio González y Ana Botella posan juntos este martes durante su visita a la Fundación Carmen Cafranga en Montecarmelo. /AdM
 


Según informa Ecologistas en Acción, la presidenta de la Fundación es Carmen Cafranga Cavestany, exconsejera de Caja Madrid y socia en la empresa Subastas Segre de Lourdes Cavero, mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La sentencia judicial se ha conocido este martes, precisamente el mismo día en el que Ignacio González, junto a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el concejal del distrito, José Antonio González de la Rosa, realizaban una visita a la sede de la Fundación, situada en el número 15 de la calle Monasterio de Las Huelgas de Montecarmelo, con motivo de su 25 aniversario.
 
Al parecer, y según la información proporcionada por la organización ecologistas, el Ayuntamiento de Madrid permitía las actividades ilegales “con la excusa de que se trataban de prácticas formativas para personas con discapacidad”. La sentencia supone “un gran impulso” a la querella interpuesta por Ecologistas en Acción en 2010 por estos mismo hechos contra cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Madrid: José Antonio Mora Hipólito (Jefe de Sección de Licencias y Adjunto Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Distrito de Fuencarral-El Pardo); Norberto Rodríguez Pérez (Director General de Ejecución y Control de la Edificación del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda), Manuel Benitez Pérez (Jefe de Sección de Licencias) y Ángel del Palacio Mestres (Jefe de la Unidad Técnica de Licencias de la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación). Además, otros cinco funcionarios, todos ellos pertenecientes en el momento de la presentación de la demanda a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, también permanecen imputados: Domingo Menéndez (ex director general de Urbanismo y Planificación Regional); María Jesús Villamediana (ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental); Miguel Díaz Villar (técnico del Servicio de Planeamiento y Control de Madrid Capital de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional); Cristina Bustamante (jefa del Servicio de Planeamiento y Control de Madrid Capital de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional); Antonio Sanz (ex director-conservador del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares).

Para Ecologistas en Acción, “teniendo en cuenta que ni la instalación de la carpa, ni la actividad de celebración de eventos que se desarrolla en La Muñoza son autorizables, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid podrían haber emitido informes, autorizaciones y licencias, forzando la interpretación de la normativa ambiental y urbanística, favoreciendo a una persona muy próxima a altos cargos de los gobiernos regional y municipal”.
 

Los hechos

La Fundación Carmen Pardo-Valcarce es propietaria de La Muñoza, una finca rústica que se localiza en la carretera de Fuencarral-El Pardo, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM) y a pocos metros de El Pardo. Según el plan general de Madrid y la Ley del Parque Regional, en esos terrenos sólo se pueden realizar actividades ganaderas y educativas siempre que no requieran nuevas instalaciones. Según la información de Ecologistas en Acción, Carmen Cafranga Cavestany, exconsejera de Caja Madrid y presidenta de la Fundación, comparte con la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, la administración de Subastas Segre y mantiene una “gran amistad” con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, con quien comparte vocalía en la Fundación Realiza, cuyo domicilio social está en la finca La Muñoza.

En 2005, Carmen Cafranga Cavestany, en representación de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, solicitó autorización para instalar una carpa en la finca con el objeto de realizar “actividades formativas y prácticas educativas orientadas a la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual consistente en la formación de personal en las vertientes de hostelería y jardinería”. Según Ecologistas en Acción, “inmediatamente, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio autorizó la instalación de la carpa para actividades formativas, a pesar de que la Ley del PRCAM no permite nuevas instalaciones”.

En 2007, el Ayuntamiento concedió licencia para celebración de eventos, como actividad complementaria a la educativa, a pesar de que el plan general de Madrid no lo permite. “Desde un principio la única actividad que se ha realizado en La Muñoza ha sido la de celebración de eventos, especialmente bodas. Las instalaciones de la finca tienen capacidad para 300 vehículos y 500 invitados”, subraya la organización ecologista.

El papel de la Junta de Fuencarral


Con lo que no contaban el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid eran las quejas de un vecino de una finca colindante a La Muñoza, quien desde 2006 estuvo denunciando por vía administrativa ante ambas administraciones “el desarrollo de la actividad ilícita”. La Junta Municipal del distrito de Fuencarral-El Pardo hizo caso omiso a las denuncias presentadas por un vecino y archivó o no tramitó 29 actas de la Policía Municipal y 52 inspecciones.

Como todas sus reclamaciones no se tuvieron en cuenta y fueron archivadas, el vecino afectado se vio obligado a acudir a la vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado la razón “en sentencia firme y no recurrible” y ha anulado la licencia de actividad municipal concedida en 2007 al considerar “contraria a la legalidad la instalación de la carpa y la celebración de eventos”. Por estos mismos hechos, Ecologistas en Acción interpuso en 2010 la querella por la que han sido imputados los nueve funcionarios del Ayuntamiento y la Comunidad.
 
Condición de imputado

Ante las dudas que ha podido suscitar la situación de alguno de los querellados, desde el departamento Jurídico de Ecologistas en Acción explican a Las Tablas Digital que “cuando se presenta una querella o denuncia y se admite a trámite eres querellado o denunciado. Cuando te llaman a declarar en virtud de querella o denuncia admitida a trámite; o, sin querella o denuncia, porque en las actuaciones aparecen indicios de que puedes ser responsable penal, se dice que vas a prestar declaración como imputado. Cuando, por cualquiera de las razones anteriores, prestas declaración como imputado, mantienes esa condición mientras no se acuerde el sobreseimiento libre o provisional de las actuaciones”.

En el caso que afecta al funcionario de la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo, Ecologistas en Acción subraya que en 2012 el juez “pretendió archivar” pero “la Audiencia le obligó a reabrir el asunto”. La organización ecologistas, que presentó la querella contra nueve funcionarios del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, considera que hasta que la Audiencia provincial no se pronuncie sobre el recurso que se ha presentado “el caso sigue abierto”.

En este sentido, considera “improbable” que la Audiencia se pronuncie por archivar el caso “teniendo en cuenta la sentencia” del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se ha considerado ilegal la concesión de la licencia otorgada a la Fundación Carmen Pardo-Valcarce que le permitía celebrar eventos de diversa índole en la Finca La Muñoza, situada en un espacio protegido como es el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Según Ecologistas en Acción, las instalaciones de la finca tenían “capacidad para 300 vehículos y 500 invitados”.

Tal y como informa la organización ecologistas en una nota de prensa enviada el pasado martes, 21 de mayo, desde 2006 un vecino estuvo denunciando por vía administrativa ante el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid “el desarrollo de la actividad ilícita”. Seis años después la Justicia le ha dado la razón. Sin embargo, la Junta Municipal del distrito de Fuencarral-El Pardo hizo caso omiso a las denuncias presentadas por el vecino y archivó o no tramitó 29 actas de la Policía Municipal y 52 inspecciones.

Tras ser admitida la querella de Ecologistas en Acción, el funcionario de la Junta de Fuencarral, junto al resto de querellados, tuvo que prestar declaración como imputado en 2010 por “presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental”.

Según el departamento Jurídico de Ecologistas en Acción, “si, terminada la instrucción, no se acuerda el sobreseimiento, se pasan las actuaciones a las acusaciones para que formulen escrito de acusación. En los escritos de acusación, las acusaciones pueden formularla contra todos o algunos de los que han prestado declaración como imputados. Los acusados pasan entonces a tener ese nombre, acusados. Y los no acusados por ninguna de las acusaciones pierden, en virtud del principio acusatorio, la condición de imputados”.

Sentencia del Tribunal Superior de Madrid, aquí


 

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