jueves, 26 de septiembre de 2013

Varapalo judicial a la Comunidad de Madrid por defender el “interés privado” en el caso de la finca La Muñoza


La Comunidad de Madrid deberá pagar una multa de 300 euros por defender el “interés privado”  en el caso de la finca La Muñoza, según un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Además, se le condena al pago de otros 600 euros en costas al desestimar su petición de suspender la ejecución de la sentencia por la que se anula la licencia del Ayuntamiento de Madrid por la que se permitía la celebración de eventos en la mencionada finca, situada en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Mientras tanto, y según Ecologistas en Acción, el Juzgado número 2 de lo contencioso-administrativo de Madrid, responsable de la ejecución de la sentencia, ha dado un plazo de 10 días al Ayuntamiento para que cumpla con la misma.

Tal y como explica en un comunicado la organización ecologista, el TSJM anuló mediante sentencia firme del pasado 17 de abril una licencia del consistorio madrileño que permitía a la Fundación  Carmen Pardo-Valcarce “celebrar eventos en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, a pesar de no estar permitido por la normativa de este espacio protegido”. El Ayuntamiento “permitía estas actividades con la excusa de que se trataban de prácticas formativas para personas con discapacidad”. Se da la circunstancia, añade Ecologistas en Acción, que “la presidenta de la Fundación es Carmen Cafranga Cavestany, socia de la mujer del presidente madrileño Ignacio González en Subastas Segre y compañera de Ana Botella en la Fundación Realiza.

A pesar de que las partes personadas en el procedimiento judicial que dio lugar a la sentencia anulatoria fueron únicamente el Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y un particular, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, que no tiene competencias en el caso, presentaron en mayo un “incidente de nulidad”, en el que pedían tanto la suspensión de la ejecución de la sentencia que anula la licencia de actividad en la finca como su nulidad. Según los ecologistas, el incidente de nulidad “es una medida excepcional a la que sólo cabe recurrir en situaciones de lesión de derechos fundamentales que no hayan podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso”.

Ahora, mediante auto de fecha 5 de septiembre, el TSJM desestima el incidente de nulidad presentado por la Comunidad de Madrid y le condena al pago de 600 euros de costas. En su escrito, el TSJM aprovecha para darle un tirón de orejas a la Comunidad y le recrimina que con la presentación del inocente de nulidad “en realidad está manifestando su disconformidad con la fundamentación de la sentencia y lo que intenta es abrir nuevamente un debate jurídico que ya quedó zanjado con la sentencia firme y que no es causa de nulidad”. Pero no queda ahí el varapalo jurídico. El auto señala que la Comunidad de Madrid ha promovido el incidente de nulidad con temeridad, al entender que “la pretensión es jurídicamente insostenible ya que no ha ido dirigida a la defensa de los intereses generales, conforme dispone el artículo 103 de la Constitución Española; habiéndose anulado una licencia concedida por el Ayuntamiento de Madrid a un ciudadano, los efectos jurídicos de la anulación de la licencia municipal, se despliegan únicamente sobre el particular. Por tanto en ningún caso hay un interés público sino netamente privado”. Por ello, el TSJM le impone una multa de 300 euros.

Responsabilidad del Área de Urbanismo

Mientras tanto, el Juzgado número 2 de lo contencioso-administrativo de Madrid, responsable de la ejecución de la sentencia de 17 de abril, ha solicitado al Ayuntamiento que “proceda” a la misma en el plazo de diez días. En este sentido, el concejal presidente de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio González de la Rosa, aprovechó una pregunta presentada por el portavoz de IU, José Luis Córdoba, en el pleno del mes de junio para explicar que la finca La Muñoza se ubica en “suelo no urbanizable de protección ecológica”, por lo que “todas las actividades de uso del suelo han sido competencia del Área de Gobierno de Urbanismo”, que será “la que deba actuar”.

Desde las filas del Grupo Socialista, su portavoz, María Guerrero, también reclamó al concejal popular una valoración sobre la sentencia que anulaba la licencia municipal. De la Rosa afirmó que “ante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia no queda más posición que acatarla”.
La presentación de las preguntas por parte de los representantes de IU y PSM-PSOE no fue del agrado del máximo responsable del distrito de Fuencarral-El Pardo quien en su intervención aseguró que los dos grupos políticos de la oposición no tenían otro objetivo que “intentar manchar al equipo de gobierno tratando de vincularlo a una actividad que ha sido declarada ilegal”. De la Rosa añadió que con sus interpelaciones demostraban “un absoluto desconocimiento sobre cómo se otorgan las licencias en el Ayuntamiento de Madrid”.  

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