lunes, 20 de enero de 2014

El ajardinamiento de las zonas verdes junto Telefónica, a debate en el Ayuntamiento


El ajardinamiento de las parcelas municipales que rodean la sede de Telefónica en Las Tablas vuelve este martes al debate político. Casi tres años después de su firma, el portavoz de UPyD en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad, Jaime Berenguer, pedirá mañana martes explicaciones sobre el cumplimiento del convenio suscrito entre el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente de Telefónica, César Alierta, por el que la multinacional se comprometía a ajardinar una superficie de 22 hectáreas de zonas verdes. Mientras tanto, los empleados de la operadora han comenzado una campaña en el portal change.org en protesta por el cierre de otra parcela municipal que, al igual que las zonas verdes, se venía utilizando como aparcamiento sin disponer de licencia ni pagar un solo euro al consistorio de Ana Botella (PP).
El entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente de Telefónica, César Alierta, durante la firma del convenio en febrero de 2011. /AdM
 


Si Ruiz-Gallardón, no hubiera aceptado la invitación del presidente Mariano Rajoy para ocupar la cartera de Justicia, muy probablemente las explicaciones sobre el convenio entre el Ayuntamiento y Telefónica las tendría que dar la propia Ana Botella, que en 2011 era Segunda Teniente de Alcalde y, además, delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Sin embargo, en principio será el que por aquel entonces era su jefe de Gabinete, Diego Sanjuanbenito, quien ofrecerá las explicaciones oportunas sobre un tema que, como tantos otros en el consistorio, lleva coleando desde hace años sin que se termine de solucionar.

Pero la de mañana no será la primera ocasión en la que los responsables municipales se han visto obligados a rendir cuentas sobre las zonas verdes junto a Telefónica. En diciembre de 2011 Ana Botella tuvo que responder a otra pregunta idéntica planteada también desde las filas de UPyD por su mismo portavoz, Jaime Berenguer. En su intervención, tal y como se recoge en las actas de la comisión, Botella señaló que las parcelas en cuestión no contaban “con las infraestructuras ni los ajardinamientos adecuados para su uso habitual” y que Telefónica había manifestado “su interés por integrarlas en el diseño general del Distrito C para conseguir más coherencia estética y funcional". Botella también reconoció que el Ayuntamiento era consciente de que los terrenos estaban siendo utilizados “temporalmente” como aparcamiento, pero que ese uso desaparecería “definitivamente” a medida que avanzaran las obras de ajardinamiento.

Más de dos años después de las palabras de Botella, la situación sigue siendo prácticamente la misma y laz parcelas municipales se siguen utilizando ilegalmente como aparcamiento sin que el consistorio haya tomado cartas en el asunto. De hecho, en marzo de 2013 el concejal-presidente de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio González de la Rosa, reconocía en una carta dirigida al coordinador general de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento, Javier Oyarzábal de Miguel, que los aparcamientos carecían de la obligatoria autorización, por lo que además de haberse construido ilegalmente tampoco cumplen con el obligatorio pago de determinados tributos, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la Tasa de Vado por Paso de Vehículos, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la Tasa de Residuos Urbanos (TRU).

A pesar de la dejadez de la Junta Municipal, que diez meses después de su comunicación no ha hecho nada por regularizar la situación de los aparcamientos ilegales, a Telefónica le podría ocurrir algo parecido a la empresa Funeraria, que en julio del año pasado se vio obligada a desembolsar 2,2 millones de euros por recibos del IBI y de Tasa de Basuras no abonados desde el año 2009. Al contrario que Telefónica, Funeraria no es 100% privada. Aunque el Ayuntamiento posee un 49% de la sociedad, ello no le ha permitido  librarse por más tiempo del pago de los impuestos a la Agencia Tributaria de Madrid como cualquier otra empresa. Bueno, excepto Telefónica, que desde 2008 ha logrado zafarse de cumplir con sus responsabilidades fiscales con la vista gorda del Ayuntamiento de Ana Botella.
 

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