sábado, 4 de octubre de 2014

Botella: "Empresas y Ayuntamiento estamos innovando juntos en la definición del modelo de ciudad"


Ante representantes de las 150 compañías que forman parte del Foro de Empresas por Madrid y a solo nueve meses de abandonar su puesto como alcaldesa, Ana Botella (PP) volvió a insistir ayer en la necesidad de "profundizar” en la “cooperación público-privada” con el objetivo de “contribuir al mejor futuro para todos". Las manifestaciones de Botella se producen el mismo día que el Ministerio de Hacienda anunciara la apertura de una investigación para averiguar si las empresas que cotizan en el Ibex-35, entre ellas Telefónica o BBVA, cuyas sedes corporativas están en el barrio de Las Tablas, utilizan un sistema de tarjetas de crédito opacas similar al empleado por la cúpula directiva de Caja Madrid.

La todavía alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), ayer en la primera jornada del Foro de Empresas por Madrid. /AdM



Telefónica, BBVA, El Corte Inglés, Mahou, Deloitte, Acciona, OHL o Garrigues son algunas de las firmas que han participado en las jornadas del Foro que, según el Ayuntamiento, “actúa como plataforma de colaboración entre empresas y la administración local para potenciar sinergias, sumar recursos y unir fuerzas buscando como beneficiario último la ciudad y sus ciudadanos”.

Según informa el propio Consistorio en nota de prensa, durante el encuentro Botella señaló que la cooperación público-privada es "una firme apuesta por la imaginación y la calidad, la innovación y el talento, la originalidad y el compromiso y, por supuesto, la utilización eficiente de los recursos". En su opinión, las empresas y el Ayuntamiento madrileño están “innovando juntos en la definición del modelo de ciudad". Para Botella, “la necesidad y oportunidad de esta colaboración va mucho más allá de una respuesta a la austeridad que las Administraciones Públicas nos hemos marcado ante la crisis. Responde a un sentido mucho más profundo, de lo que puede llegar a mejorar la vida de los ciudadanos".

Con el objetivo de acercar experiencias prácticas y casos reales de colaboración público privada a los profesionales asistentes, la organización del Foro invitó a Luis, Castilla, CEO de Acciona Infraestructuras, Gabriel Nuñez, Director General Económico-Financiero de OHL Concesiones y Pablo Amable González, director de Project Finance-Infraestructure Spain del BBVA para trasladar “sus vivencias empresariales de colaboración con entidades públicas”.

En los encuentros programados también está prevista la participación de Fernando Vives Ruiz, socio director del despacho de abogados Garrigues; Estanislao Rodríguez Ponga, adjunto a la Dirección de Administración de El Corte Inglés; Patricia Leiva, directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Responsabilidad Corporativa de Mahou; Gustavo García Capó, socio de Deloitte; Catalina Parra, socia de Philanthropic Intelligence; Beatriz Julia Álvarez , directora general del Foro CPP-TIC, y Antonio Herrero, director de Marketing de Administraciones Públicas de Telefónica.

Por parte del Ayuntamiento de Madrid, intervendrán, además de la propia Ana Botella, el director general de Revisión del Plan General de Ordenación, José Luis Infanzón; el director general de Ingeniería Urbana y Gestión del Agua, Pedro Catalinas, y delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, Concepción Dancausa.

Hacienda investiga

El arranque del Foro coincidió con el anuncio que realizó ayer el Ministerio de Hacienda para averiguar sin las empresas del IBEX-35, el índice bursátil donde cotizan en bolsa las principales compañías españolas, entre ellas Telefónica o BBVA, utilizan tarjetas de crédito ocultas al fisco. La investigación, según informa la agencia Europa Press, es consecuencia del escándalo que ha provocado tras desvelarse que la cúpula directiva de Caja Madrid gastaron más de 15 millones de euros entre 2003 y 2012 a través de 'tarjetas en b'. Al parecer, se trata de averiguar si estas empresas realizan “gastos a través de economía sumergida y de partidas no declaradas a Hacienda”, por lo que quedarían al margen de las pesquisas el uso de tarjetas de representación que pueden manejar directivos de estas grandes empresas y cuyos gastos están justificados y declarados como rentas en especie.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigar a 86 consejeros y directivos de Caja Madrid que cargaron en sus tarjetas de empresa gastos privados, como estancias en hoteles, compras en el sector de la alimentación, almuerzos en restaurantes o retiraron efectivo, por valor de 15,2 millones de euros en el periodo comprendido entre 2003 y 2012.

El escándalo de las tarjetas de Caja Madrid, en el que estarían supuestamente 86 altos cargos y directivos de la entidad financiera, se ha cobrado ya varios ceses y dimisiones, entre ellos los de Carmen Cafranga, hasta ahora presidenta de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid.

Finca La Muñoza

Carmen Cafranga fue consejera de Caja Madrid y es socia en la empresa Subastas Segre de Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, e investigada por la presunta compra de un ático en Marbella. Carmen Cafranga también es presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, propietaria de una finca, La Muñoza, situada en una zona protegida del distrito de Fuencarral-El Pardo. El año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la licencia municipal otorgada a esta Fundación que le permitía celebrar bodas, bautizos o comuniones en un espacio protegido. Según pudo constatar la organización Ecologistas en Acción durante el proceso de la causa, la Junta Municipal del distrito de Fuencarral, controlada desde 2012 por el concejal José Antonio González de la Rosa (PP), hizo caso omiso a las denuncias presentadas por un vecino y archivó o no tramitó 29 actas de la Policía Municipal y 52 inspecciones. El Jefe de Sección de Licencias del distrito tuvo que declarar como imputado junto a otros ocho funcionarios del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Las informaciones de Las Tablas Digital sobre este caso provocó la ira de los responsables de la Junta de Fuencarral, que desde hace 15 meses mantienen un completo boicot a este diario y no le envían, como al resto de medios del distrito, los comunicados o notas de prensa.

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