miércoles, 27 de enero de 2016

España empeora su posición en el ránking de corrupción en el sector público


¿Nos lo dicen o nos lo cuentan? La corrupción en el sector público en España es “muy preocupante”. Y no lo decimos nosotros sino Transparencia Internacional, un organismo independiente que este miércoles ha presentado su informe sobre percepción de la corrupción en 2015. En los últimos cuatro años, la corrupción ha crecido en Hungría, Macedonia, Turquía y España. La presentación del informe se produce cuatro días antes de que el Ayuntamiento de Madrid de por finalizado el periodo de presentación de comentarios que los vecinos de la capital pueden hacer sobre el borrador de la nueva Ordenanza de Transparencia.


Según el estudio de Transparencia Internacional, elaborado a partir de las opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público, los países más desarrollados en la materia presentan una serie de características comunes esenciales: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos; y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres, y que es verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno.

Con estos datos en la mano, en los primeros puestos aparecen Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá, Alemania, Luxemburgo y Reino Unido. Todos ellos con una calificación superior a 80 puntos. A la cola del ranking, con una puntación inferior a 20 puntos, están Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Angola, Libia, Irak, Venezuela y Guinea Bisau.

Entre los países que han tenido un mayor descenso en sus posiciones durante los últimos cuatro años se encuentran “Libia, Australia, Brasil, España y Turquía”. España, con solo 58 puntos, ocupa el puesto 36 del listado, por debajo de países como Eslovenia, Lituania, Israel, Chipre, Taiwán, Polonia, Bostwana, Bután o Emiratos Árabes Unidos.

Los autores del informe califican de “muy preocupante” el deterioro que se  registra en “Hungría, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, España o Turquía”. Según Transparencia Internacional, “estos eran países donde había esperanza de lograr un cambio positivo”. Sin embargo, “ahora vemos que la corrupción crece mientras la sociedad civil y la democracia se reducen”.

El informe señala que en todos países el denominador común que se detecta es que “los corruptos operan con impunidad”. En palabras de Anne Koch, directora de Transparencia Internacional para Europa y Asia Central, la corrupción en el sector público no podrá ser derrotada “hasta que se apliquen de forma eficaz leyes y normativas y la sociedad civil y los medios de comunicación sean genuinamente libres”.

Ordenanza de Transparencia

En este sentido, la presentación del análisis coincide con la finalización, el próximo 31 de enero, del plazo para la presentación de comentarios al borrador de la nueva Ordenanza de Transparencia que está elaborando actualmente el Ayuntamiento de Madrid. Según el Consistorio, el borrador recoge los preceptos que establecen las normas vigentes en materia de transparencia en España y que se deben aplicar al ámbito municipal. Pero, además, aporta “mejoras sustanciales” respecto a estas normas en materia de transparencia. Entre estas mejoras destaca “un sistema que permite a los ciudadanos acceder a parte de la información de manera más sencilla y directa”.

La ordenanza “incorpora la obligación de publicar la información en formatos abiertos con una periodicidad trimestral con carácter general”. Además, “mejora es el incremento de la información sobre la contratación pública, así como de las subvenciones”. Con el objetivo de asegurar la trazabilidad de las decisiones públicas, el borrador contempla la creación de un registro de lobbies en el que “tendrán que inscribirse todas aquellas personas físicas y jurídicas que se reúnan con trabajadores y representantes del ayuntamiento con la intención de influir en la toma de decisiones de lo público”. 
Además, recoge la “autorización general para la reutilización de toda la información en manos del Ayuntamiento”. La publicación de todos los datos “será en formato abierto y sin ninguna restricción para su utilización”.

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