domingo, 17 de abril de 2016

El Defensor del Pueblo muestra “serias objeciones” al informe de la Comunidad sobre la masificación del CEIP Josep Tarradellas

La situación del colegio público Josep Tarradellas preocupa al Defensor del Pueblo. Así al menos se desprende de la respuesta que la institución ha hecho llegar a un vecino de Las Tablas que el año pasado presentó una queja por los problemas de masificación que sufre el centro escolar. En la misiva, firmada por la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer i Casals, se reconoce que el contenido del informe entregado por la Consejería de Educación, dirigida por Rafael Van Grieken (PP), le merece “serias objeciones”, por lo que cree necesario reclamar un nuevo informe. Mientras tanto, el Defensor del Pueblo continúa estudiando una segunda queja presentada en febrero pasado por la AMPA del colegio.



La respuesta supone un fuerte tirón de orejas a los responsables de Educación del Ejecutivo de Cristina Cifuentes (PP), que no están dispuestos a reconocer la masificación que padecen los colegios públicos de Las Tablas. Tal y como puede leerse en su respuesta, el informe entregado por la Consejería le merece al defensor del Pueblo “serias objeciones”, ya que del mismo se desprende que, “a juicio de la Consejería, la situación del centro no es irregular ni resulta por ello perentorio proceder a la construcción de nuevos centros en el barrio que, según también autoriza a deducir el mismo informe, resultaría prematuro abordar  y debería posponerse a la estabilización de la demanda escolar en la zona”.

Por ello, el Defensor del Pueblo considera necesario “dar traslado” a la Consejería de Educación de sus objeciones “y de otras que suscitan los datos que se han aportado (…) en relación con la situación que se generará en el centro como resultado del desarrollo del proceso de admisión de alumnos para el próximo curso, así como solicitar de la misma la emisión de un nuevo informe sobre el asunto” objeto de la queja presentada por el vecino de Las Tablas.
¿Pero qué ha podido decir la Consejería para que el Defensor del Pueblo muestre sus objeciones y reclame un nuevo informe? Pues en líneas generales rechazar absolutamente que el Josep Tarradellas esté masificado.
Así, lo primero que subraya la Consejería es que las denominadas líneas (número de clases por curso) de los centros educativos públicos “constituyen una referencia informativa sobre su tamaño y no tienen un carácter normativo”. Desde su punto de vista, “la capacidad de un colegio se determina por sus instalaciones e infraestructuras, entendidas como un conjunto formado por el número total de aulas y de otros espacios complementarios”.
Llegados a este punto, la Consejería aduce en su respuesta al defensor del Pueblo que el CEIP Josep Tarradellas “dispone de aulas para la escolarización ordinaria y de otras instalaciones complementarias, como aula de psicomotricidad, gimnasio, sala de reuniones, aula de música, biblioteca, etc, que permiten el adecuado desarrollo de su actividad”. “El número de alumnos por unidad se ajusta y respeta los límites establecidos en la normativa vigente”, añade la Consejería. En su respuesta también señala que “en las zonas de desarrollo urbanístico la demanda pasa por diferentes fases hasta su estabilización”, una circunstancia que “hace necesario analizar esa evolución para acomodar el número de unidades a la demanda real”.
Segunda denuncia

La descripción que ofrece la Consejería de Educación sobre la situación del Josep Tarradellas choca con la que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha hecho llegar también al defensor del Pueblo en una segunda queja presentada en febrero pasado. Tal y como informó este digital, las familias del centro han denunciado que desde la creación del centro en 2011 la Comunidad ha ofertado un total de 26 aulas por encima de su capacidad. En su escrito denunciaba que “durante los últimos años algunas aulas de infantil no han contado ni con baño integrado ni con mobiliario adaptado a la etapa de infantil”. Además, los niños y niñas de esta etapa educativa se han visto obligados a utilizar “baños saturados, sucios, muchas veces sin papel y sin las debidas condiciones de higiene, puesto que estaban siendo usados por más niños de los que correspondía y, sobre todo, de edades no adecuadas para esas instalaciones”.


Respecto a los alumnos de Primaria, la AMPA denunció al Defensor del Pueblo que “en la actualidad existen únicamente dos aulas de informática” para más de 550 alumnos. “En el caso de las aulas de desdoble, su desaparición debido a que se convirtieron en aulas, conlleva que en nuestro colegio no se esté ofreciendo el refuerzo educativo que muchos alumnos precisan en condiciones óptimas. En la actualidad, los profesores deben buscar aulas libres, espacios en las aulas de informática o en la propia sala de profesores para ofrecer el apoyo a los niños que lo necesitan”, añadía la denuncia.

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