miércoles, 31 de enero de 2018

El exmagistrado Carlos Granados, nombrado director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción

Casi dos años después de que la alcaldesa Manuela Carmena anunciara la creación de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado, con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE, el nombramiento del exmagistrado Carlos Granados como su director. Una vez que se ponga en marcha, este organismo tendrá competencias para “investigar y comprobar actuaciones sospechosas de fraude o cualquier aprovechamiento irregular derivado de las actuaciones de las personas que presten sus servicios” para el Consistorio. La Oficina también “analizará la información difundida por los medios de comunicación social que esté relacionada con la posible comisión de hechos irregulares”.
Carlos Granados, nuevo director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. /AdM



Según ha señalado este miércoles el exmagistrado, entre otros aspectos la Oficina centrará su labor en “aquellas zonas que pueden ser más vulnerables en comportamientos que no son correctos, como son el urbanismo, la planificación ambiental o la contratación pública”.  Estos, en su opinión, “son aspectos donde tiene que hacer esfuerzos la oficina estableciendo un mapa de riesgos y esa es una de las preocupaciones fundamentales”.
La creación de la Oficina es fruto del acuerdo de investidura acordado entre Ahora Madrid y el PSOE tras las elecciones municipales de 2015. El nuevo organismo municipal fue anunciado en marzo de 2016 por Carmena y la portavoz socialista, Purificación Causapié. Según Carmena, la oficina es un complemento del resto de los mecanismos de control públicos como el Tribunal de Cuentas o la Intervención General y servirá para “analizar por qué se han producido los hechos de la corrupción o del aprovechamiento ilegal”.
Tal y como ha explicado el Consistorio, el organismo “tendrá competencias para investigar y comprobar actuaciones sospechosas de fraude o cualquier aprovechamiento irregular derivado de las actuaciones de las personas que presten sus servicios para el Ayuntamiento”. También podrá promover e impulsar la creación y modificación de códigos de buenas prácticas y analizar las “resoluciones judiciales que se hayan declarado probadas en situaciones de corrupción dentro del ámbito del Ayuntamiento de Madrid o en su relación con otras instituciones de carácter público o privado”.
Según el Consistorio, la Oficina “estará alejado de presiones políticas y su ámbito de actuación se extenderá a todo el sector público del Ayuntamiento, incluidos sus organismos autónomos, sociedades mercantiles, sociedades de economía mixta, fundaciones, asociaciones y cualquier ente con personalidad jurídica propia que de ellos dependan”. Adicionalmente, en la medida en que sea preciso para el cumplimiento de sus funciones, su actuación “puede extenderse a las actividades de personas físicas o jurídicas que sean concesionarias de servicios, perceptoras de subvenciones públicas, que ejecuten obras o que tengan atribuida la gestión de servicios públicos municipales”.
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En cualquier caso, “no podrá desempeñar funciones que correspondan a la autoridad judicial, a la fiscalía o a la policía judicial, ni podrá investigar los mismos hechos que sean objeto de averiguación o instrucción por aquellos mientras haya causa judicial abierta”.
La Oficina podrá iniciar sus actuaciones de oficio o a instancia de parte si se ha formulado la correspondiente comunicación por una persona física o jurídica o por una institución pública. Tendrá el mismo efecto la denuncia, incluso anónima, de cualquier persona que sea conocedora de hechos que considere irregulares. Además, analizará la información difundida por los medios de comunicación social que esté relacionada con la posible comisión de hechos irregulares.
Las actuaciones de investigación se realizarán en un plazo máximo de seis meses, ampliable a otros tres más por resolución del director. Tras este periodo, el responsable de la Oficina emitirá un informe y, en caso de detectar presuntas irregularidades, podría originar la comunicación de posibles responsabilidades disciplinarias o penales a la autoridad competente.

Carlos Granados estará asistido por un Consejo Asesor formado por un máximo de “cinco vocales en representación de la sociedad civil, elegidos entre personas de reconocida trayectoria en la lucha contra la corrupción”. Los vocales, que serán designados por el Pleno por un periodo de cinco años, no podrán ostentar cargo político vigente y no tendrán derecho a percibir retribuciones por sus funciones.

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