El consejero Rafael van Grieken se queda,
pero la viceconsejera de Organización Educativa, María José García-Patrón, se va. El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ángel Garrido, ha
anunciado este martes tras su primer consejo de Gobierno diversos cambios en
los segundos niveles de su nuevo Ejecutivo. Entre los cesados está García-Patrón,
responsable directa, entre otros asuntos, de la programación de las inversiones
en infraestructuras y equipamientos educativos, el servicio de Inspección
Educativa y la dirección y coordinación con las áreas territoriales. La salida
de García-Patrón, que ha sido sustituida por Amador Sánchez, se produce en pleno proceso de admisión de alumnos para el
curso 2018-2019 y poco más de dos meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitiera una sentencia
en la que considera que el número de alumnos por aula "es una cuestión
que afecta al régimen de prestación del servicio de enseñanza, en tanto en
cuanto atañe a su calidad y a las circunstancias concretas en que el
profesorado desempeña su actividad, y en particular a la atención que puede
dedicar al alumnado". Tal y como ha informado este digital, y según
datos proporcionados por la Plataforma
por la Educación Pública de Las Tablas, tres de los cuatro colegios
públicos del barrio tienen matriculados a unos 400 alumnos por encima de la capacidad oficial de los centros.
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| María José García-Patrón, viceconsejera de Organización Educativa cesada este martes por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. /CAM |
Las AMPAS de los cuatro colegios públicos de
Las Tablas y de los institutos de referencia Malala Yousafzai, Manuel Fraga y San
Fernando conocen perfectamente el papel de García-Patrón desde su nombramiento en
junio de 2015. Ella, junto a Belén Aldea,
responsable del área territorial Madrid Capital, y el director general de
Infraestructuras, Gonzalo Aguado,
han sido los responsables de aplicar en el barrio la política educativa durante
la etapa de Cristina Cifuentes al frente del Ejecutivo
regional. Aldea presentó su dimisión en abril
del año pasado y Aguado cayó fulminado por Cifuentes en la remodelación del
Gobierno que realizó en noviembre de
2016.
García-Patrón, Aldea y Aguado
fueron los encargados de suscribir en febrero de 2016 un acuerdo con la Asociación de Vecinos de Las Tablas en
el que, por escrito, se comprometieron, entre otras cosas, a tener lista la primera fase del instituto Malala Yousafzai en
septiembre de 2017. Ocho meses después las obras aún no han finalizado y el poco
más de un centenar de alumnos matriculados en el centro deben recibir clases en
cuatro aulas cedidas por el colegio concertado Estudiantes. Otra de las promesas incumplidas fue realizar “todos
los procedimientos” necesarios para la conclusión de las obras del CEIP Blas de Lezo en 2017. Sin embargo,
las obras de la tercera fase del colegio público arrancaron hace menos de dos
meses y podrían no estar finalizadas con el arranque el próximo curso escolar
2018-2019.
El cese de García-Patrón se produce y poco
más de dos meses después de que el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitiera una sentencia en la que considera
que el número de alumnos por aula "es una cuestión que afecta al régimen
de prestación del servicio de enseñanza, en tanto en cuanto atañe a su calidad
y a las circunstancias concretas en que el profesorado desempeña su actividad,
y en particular a la atención que puede dedicar al alumnado". La sentencia
del TSJM, adelantada por eldiario.es, obligaba a la Consejería dirigida por Rafael van Grieken a “justificar por
qué masificó las aulas en el curso 2015-2016”. La decisión del alto tribunal “parte de un recurso de Comisiones Obreras
que terminó en los tribunales ordinarios ante la falta de respuesta de la
Consejería de Educación por la vía administrativa”.
Según la denuncia presentada por el sindicato, solo en el curso
2015-2016 más de 2.700 clases estaban masificadas.
De ellas 1.353 pertenecen a la etapa de Educación Primaria. Sólo en Infantil y
Primaria, cada centro educativo habría tenido de media casi 3 grupos que
incumplían la normativa. El 59% de los casos denunciados por el sindicato se registraban en la Dirección de Área
Territorial Madrid-Sur, que incluye municipios como Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada
o Leganés.
Los centros educativos
públicos de Las Tablas también se
ven afectados por el problema de masificación. El pasado febrero la Plataforma por la Educación Pública de Las
Tablas, que agrupa a las AMPAs
de los cuatro colegios de Las Tablas, los institutos públicos San Fernando, Manuel Fraga y Malala Yousafzai y la Asociación de Vecinos del barrio, denunció
en un comunicado que, en la actualidad, los colegios Leopoldo Calvo-Sotelo, Josep Tarradellas y Blas de Lezo tendrían matriculados 400 alumnos por encima de la capacidad oficial de los centros.
Según la Plataforma, “esto se traduce en falta de aulas para psicomotricidad o
música, en la falta de bibliotecas y espacio en los patios y la necesidad de
hasta tres turnos en los comedores escolares, que obliga a los niños a comer en
25 minutos”.
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